miércoles, 28 de marzo de 2018

[ÁVILA] III JORNADAS LIBERTARIAS

Entre el 13 de abril y el 5 de mayo se desarrollarán las III Jornadas Libertarias de Ávila que organizamos de forma conjunta entre la CNT y la Delegación en Ávila de la Fundación de Estudios Libertarios "Anselmo Lorenzo".
El eje vertebrador de las jornadas será la Exposición "De la transición hasta hoy a través de los carteles del 1º de Mayo" en donde mediante la cartelería editada principalmente por el Comité Nacional de la CNT, podemos hacer un repaso histórico de los últimos 40 años de la historia social española y a la par observar la evolución experimentada por el diseño gráfico obrerista desde los años 70. 
Siguiendo el hilo conductor de la transición, estarían las charlas sobre "La Querella Argentina contra el franquismo" a cargo de la FAL, la presentación del documental de la COPEL a cargo de uno de sus militantes, así como la presentación de la última obra del abulense Rubén Uceda, un libro-cómic sobre la transición llamado "Atado y bien atado. La transición golpe a golpe".
Y siguiendo con el sano ejercicio de la recuperación de la memoría historica de estas tierras, nos vamos a un periodo más lejano en el tiempo y hacemos un repaso del origen de los Bienes Comunales  surguidos en el medievo de la mano de Cristal Alaejos, de la Plataforma Stop al Expolio de los Bienes Comunales y veremos cómo está la situación en la actualidad .
Os animamos a participar activamente en las mismas y para terminar, comentaros que en los próximos días sacaremos una camiseta de apoyo, como hemos hecho en los últimos años, para ayudar a financiar los gastos de las jornadas, que como ya sabéis nacen al calor de la más absoluta autogestión.

lunes, 26 de marzo de 2018

CNT ante el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo

El pasado 9 de marzo, la mesa de negociación constituida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones que ostentan la representación de la parte social del sector público, CCOO, UGT y CSIF, firmaron el II Acuerdo para la mejora del empleo público. Viene precedido por un pacto, alcanzado el 29 de marzo del año pasado, con la novedad de que en éste ya se fijaban puntos concretos.
El acuerdo es el primer avance que se produce tras casi una década sin negociación entre las partes, durante la que los distintos y sucesivos gobiernos se han dedicado a aplicar los recortes que imponía la agenda política de la austeridad. El contenido del acuerdo aborda varios aspectos:
  • -Salarios:
    Se fija una subida salarial de un 6,1 % fijo hasta 2020, con una parte variable condicionada al crecimiento del PIB español y al cumplimiento del objetivo de déficit. En el mejor de los casos, se podría alcanzar una subida total del 8,8 %.
  • -Empleo:
    Se determinan unas tasas de reposición que dependen de los objetivos de estabilidad presupuestaria que impone el gobierno. Éstas pueden ser, desde el 75 % en los servicios no prioritarios que no cumplan los objetivos, hasta el 110 %, en el caso de las administraciones locales que sí lo hagan. El acuerdo incluye un compromiso de estabilización para el 100 % de las plazas que se han ocupado de manera temporal e ininterrumpida durante los tres últimos años.
  • -Jornada:
    El acuerdo incluye la posibilidad de que, en el marco de la negociación colectiva y siempre que se cumplan los objetivos de déficit, se pueda recuperar la jornada de 35 horas, o de 18 horas lectivas para docentes. Además, se posibilitan avances en materia de conciliación para cuidado de menores y dependientes.
  • -Otras medidas:
    También se prevé la posibilidad de recuperar el 100 % del complemento económico de Incapacidad Temporal, mejoras en formación, un compromiso por los planes de formación y la capacidad de proponer jubilaciones parciales para determinados colectivos. Todo vinculado a lo que se acuerde mediante la negociación colectiva correspondiente a cada ámbito.

Desde CNT, tras una década de recortes y retrocesos, vemos muy tímidos estos avances por varios motivos:
  • La mordaza de la deuda sigue asfixiando las condiciones laborales del sector público. Condicionar los acuerdos de la negociación colectiva al cumplimiento de los objetivos de deuda, introduce en aquella un criterio antisocial, por el cual la deuda es prioritaria frente a los derechos sociales y laborales. La recuperación de poder adquisitivo es, como poco, tímida, teniendo en cuenta los aumentos de jornada y las reducciones de sueldo de principios de esta década. Con las subidas propuestas, se admite tácitamente que esta recuperación no se va a producir, al menos, hasta pasado 2020.
  • Desvincular las subidas salariales del IPC: otro engaño. Nos sorprende especialmente que se vincule la subida salarial al crecimiento del PIB, cuando este indicador nos es indiferente en nuestra vida cotidiana, a diferencia de otros, como el IPC. Que las subidas salariales del sector público se desvinculen del IPC las puede hacer completamente inocuas ante los incrementos de precios que, por ejemplo, se están dando en recursos básicos como la vivienda.
  • Las tasas de reposición y el compromiso de estabilización pueden suponer un respiro para servicios y administraciones que están reducidas a su mínima expresión. Pero éste no puede darse de forma aislada: es necesario acompañarlo con una decisión clara de dotar de medios a la administración y de revertir las externalizaciones de servicios.
  • La apuesta por el estado policial y represivo: en el mismo marco del acuerdo alcanzado se incluye una tasa de reposición para cuerpos represivos, a todos los niveles, del 115 %. Esta tasa es mayor que la que se contempla, en el mejor de los casos, para cualquier otra administración. Este dato, unido con el anuncio de la subida salarial generalizada para determinados cuerpos represivos, da a entender que la apuesta por un modelo autoritario y policial va calando en todos los movimientos del Estado.

Además de estas reflexiones, desde CNT tenemos que señalar que las mejoras de las condiciones laborales de la función pública deben trasladarse también a las plantillas de empresas que mantienen servicios privatizados. Para ello, ofrecemos un modelo sindical capaz de entrar hasta en la empresa más pequeña, con el que mejorar los derechos colectivos de las plantillas y evitar la brecha entre quienes trabajan para un explotador particular y quienes lo hacen para la administración.

lunes, 19 de marzo de 2018

Plan Estatal de Vivienda 2018 - 2021 o cómo seguir haciendo de la vivienda un negocio

Los sucesivos gobiernos estatales del régimen post-franquista utilizan la Constitución Española como martillo de herejes. Y no sólo por la aplicación del 155. En cambio, cuando se les recuerda el artículo 47 de su sagrada C.E., que dice eso de "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", miran hacia otro lado.
Que una necesidad básica, como es la vivienda, sea un quebradero de cabeza para gran parte de la clase trabajadora, no es un pequeño fallo, una desviación o una incongruencia entre oferta-demanda. Es la misma esencia del sistema capitalista que solo entiende de beneficios.

Mientras la riqueza se concentra en manos de unos pocos, se rescatan Cajas de Ahorro, como Bankia, o se regala por 1 € el Banco Popular, a nosotr@s nos quedan salarios bajos, precariedad o desempleo, hipotecas a cuarenta años, miles de desahucios, cortes de suministros, alquileres altos...
Bueno, no pasa nada. La economía se está recuperando, el paro baja y el gobierno del PP va a sacar el "Plan Estatal de Vivienda 2018-2021", con el que jóvenes, pensionistas y familias podrán, por fin, acceder a esa vivienda digna que dice el Artículo 47.
Este Plan de Vivienda sigue en la estela y la filosofía de los planes anteriores, que tan "buenos" resultados han dado: utiliza los recursos públicos para transferirlos a intereses privados. No sólo las familias están a la expectativa para saber cuál es la cuantía que pueden recibir, sino también constructoras y, sobre todo, fondos buitre, que quieren sacar tajada del mercado inmobiliario.
Suponemos que no se habrán dado cuenta de que en el Estado español se ha construido más que en media Europa, mientras que los precios no hacían más que subir, porque se vuelve a insistir en el fomento de la construcción y, encima, se dan ayudas a las empresas para que la lleven a cabo. La diferencia reside en que ahora el requisito es que estas viviendas nuevas se destinen al alquiler (durante 25 años como mínimo) o que sean para mayores de 65 años. Sin olvidar, por supuesto, las ayudas a la rehabilitación de inmuebles. ¿Utilizarán los fondos buitre estas obras para subir los alquileres y expulsar a las vecinas de los barrios? ¿Cuántas personas se podrán permitir reformar esas viviendas en ruinas, cuando no pueden ni llegar a fin de mes? Que no falte la coletilla de la eficiencia energética, para construcciones posteriores a 1996, con la que subirse al carro ecologista.
Igualmente, se insiste en el timo de las hipotecas convenidas, a tipo fijo, como dicen ahora los voceros del capital, y las ayudas a la adquisición de vivienda.
¿Y para esa juventud precaria que sueña con irse de casa de sus padres? Se repite la misma historia: ayudas al alquiler, que ya produjeron alzas en el coste de esas viviendas.
Otro cambio, respecto a planes anteriores, es que en estos años se ha producido un fenómeno terrible, que ha afectado a cientos de miles de familias: los desahucios. Y la solución es que el banco malo (la SAREB) y otras entidades que se quieran sumar voluntariamente a un acuerdo, pongan precio al alquiler de las viviendas, entre 150 y 400 €, que serán ofrecidas a las familias desahuciadas. Éstas, a su vez, podrán recibir una subvención para pagar este alquiler social. Primero se rescatan bancos, luego éstos se quedan con los pisos y las familias con la deuda, y finalmente se paga a los primeros para que pongan a disposición de las familias unos pisos que llevan años vacíos.
Este mismo gobierno, que vende humo, se dedica a recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas, como la catalana, que mejoran en algo -lo cual no es muy difícil- la legislación estatal en esta materia. Este mismo partido, junto a su marca blanca Ciudadanos, se ha negado a admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que buscaba crear una "ley urgente por el derecho a la vivienda", en la cual se introducían la cesión de uso de viviendas vacías de bancos y grandes tenedores, el alquiler en base a los ingresos, participación vecinal o el principio de prudencia, para que el monopolio energético no pueda dejar a las familias sin suministros básicos, algo que tantas muertes ha producido ya.
Mientras esto ocurre, el pasado 3 de marzo se realizaba en Madrid una gran manifestación para presionar al Partido Popular y exigirle que no vetase la tramitación de la Ley de Vivienda propuesta por la PAH, que es una reforma legislativa urgente y de mínimos: dación en pago retroactiva, parque de vivienda social, ni un desahucio más, alquileres asequibles y suministros garantizados…
Mientras tanto, el movimiento seguirá luchando día a día, en la calle, contra bancos, fondos buitres y poderes públicos. Defendiendo a nuestras vecinas y recuperando viviendas vacías.
Nos levantamos y les decimos: SI SE PUEDE.

miércoles, 14 de marzo de 2018

La ridícula subida de las pensiones

¿Por qué se ha subido sólo el 0,25 %?
La subida del 0,25 % de la pensión es fruto de la reforma que el gobierno hizo en el modo de calcular las subidas anuales de las mismas. Anteriormente, este aumento dependía del alza de precios prevista para el año siguiente. Luego, una vez conocida la inflación real que se había producido, se ajustaba una paga en el mes de noviembre, para que no hubiera pérdida de poder adquisitivo en las pensiones.
Con la última reforma, se estableció una complicada fórmula, que fija un máximo y un mínimo anuales. Como mínimo, las pensiones se revalorizan nominalmente un 0,25 %, independientemente de la inflación, y cómo máximo, un 0,5 % por encima de lo que haya subido el IPC.
¿De qué factores depende la subida?
  • De los ingresos que tenga el sistema de la Seguridad Social: fundamentalmente, las cotizaciones de trabajadores, trabajadoras y empresas. A más ingresos, mayor subida de las pensiones. Con menos ingresos, la subida de las pensiones es menor.
  • Del número de pensiones que se paguen: a mayor número de pensionistas, menor subida de las pensiones.
  • De la cuantía de las nuevas pensiones: si las pensiones nuevas, que se empiezan a pagar a las personas que se jubilan, son más altas que las que se dejan de pagar por fallecimientos, la revalorización será menor.
  • Del déficit de la Seguridad Social: si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos, la subida anual sea menor.
  • Del factor de sostenibilidad: esto quiere decir que, si la esperanza de vida de la población aumenta, la pensión inicial con la que se comienzan a hacer los cálculos se verá reducida.

Las claves del asunto
  • Todo parte de suponer que las pensiones tienen que depender del equilibrio de una supuesta caja, que tendría la Seguridad Social, separada de la caja común de las cuentas del Estado. En otras partidas de gastos estatales no se aplica el mismo criterio. No se calculan los ingresos con los que cuentan, los gastos que originan ni se toman decisiones en función del saldo de esa cuenta.
  • Si la caja de la Seguridad Social tiene déficit, no es obligatorio actuar sobre los gastos, que es donde han incidido las sucesivas reformas que hemos sufrido, desde la década de los 80 del siglo pasado. Se podría actuar también sobre los ingresos de esa caja. Si el Estado dispone de recursos para grandes operaciones de rescate, como la de la banca o las autopistas, para eliminar los impuestos de patrimonio o sucesiones, para pagar subvenciones agrícolas a terratenientes, para abonar los intereses de la deuda pública, que ha aumentado en los años de la crisis financiera, o para permitir las tributación nula en paraísos fiscales, tolerados por los Estados, ¿por qué no habría de tener recursos para sanear definitiva y permanentemente las cuentas de la Seguridad Social?
  • Las pensiones se dotan, o no, de recursos dependiendo de la voluntad política de quienes toman las decisiones. El criterio de mantener un sistema público de pensiones saneado no depende de cálculos técnicos y aritméticos sino de la voluntad política, del orden de prioridad que se le quiera dar a ese derecho.
  • Exactamente lo mismo ocurre con el resto de derechos sociales: la sanidad pública universal, la educación pública de calidad o la asistencia en las situaciones de dependencia, por poner solo tres ejemplos. Si esos derechos se anteponen a otros gastos, habrá recursos. Si, por el contrario, se dejan para el final en el orden de prioridad de los gastos del Estado, habrá recortes y disminución de esos servicios públicos.
  • Y a cada recorte de un servicio universal le corresponde el florecimiento de un negocio privado. Frente al recorte de la pensión, está el refuerzo de los Fondos de Pensiones de las entidades financieras. Frente al recorte en la sanidad, está el alza en el negocio de la medicina privada. Frente al recorte en la ley de dependencia, está la privatización de los servicios de atención a las personas dependientes, con la correspondiente pérdida de calidad del servicio y la exclusión del mismo de miles y miles de personas.
  • Teniendo en cuenta las altas tasas de paro existentes y la precariedad en el empleo, los salarios y las cotizaciones sociales disminuyen necesariamente. A eso se le añade la tardía incorporación al mundo laboral de millones de personas. La conclusión es sencilla: el actual sistema de la Seguridad Social va a excluir en el futuro a muchísimas personas del cobro de una pensión digna.
  • Por tanto, lo que se persigue es pagar menos, crear miedo a la clase social que puede permitirse alguna tasa de ahorro, para que se haga un plan de pensiones, e ir convirtiendo paulatinamente el sistema público, colectivo, y solidario de la Seguridad Social en un sistema residual, mientras se instaura progresivamente otro privado, individual e insolidario.
  • De este modo, una importante parte del ahorro colectivo, que podría estar administrado a través de la Seguridad Social con criterios cada vez más redistributivos y solidarios, va a quedar en manos de las entidades financieras, a través de la administración de los planes privados de pensiones.
  • Todo depende de quién influye en la elaboración de las leyes y en la creación de opinión. Si lo siguen haciendo las entidades financieras, las pensiones se empobrecerán cada vez más. Si influyen las empresas de medicina privada, la sanidad pública seguirá deteriorándose. Y así con todos los derechos sociales.

O la sociedad, desde abajo, le pone las cartas boca arriba a todos los poderosos, que viven en otro mundo, o estos seguirán haciendo de su capa un sayo.

viernes, 9 de marzo de 2018

[ÁVILA] CHARLA "MUJER Y TRABAJO" CON ANA SIGÜENZA

Este sábado 10 de marzo a las 6 de la tarde y como acto de cierre de la CNT de Ávila de los actos conmemorativos del 8 de marzo contaremos en nuestro local sindical, en la calle Virgen de Covadonga 20, con la presencia de Ana Sigüenza, compañera anarcosindicalista, profesora y Secretaria General de la Confederación Nacional del Trabajo entre los años 2000 y 2003, siendo la primera mujer en ostentar la máxima representación de una organización sindical de ámbito estatal.
La compañera Ana impartirá una conferencia bajo el título “Mujer y trabajo” y aparte nos hablará también en primera mano, del desarrollo de la huelga feminista en Madrid, donde ha estado directamente implicada. Os animamos a participar en la misma y por supuesto en el debate que se origine a continuación.

martes, 6 de marzo de 2018

NOTA DE PRENSA: LA CNT DE ÁVILA HACE UN LLAMAMIENTO A SECUNDAR LA HUELGA FEMINISTA DE 24 HORAS Y A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS CONVOCADOS.

La Confederación Nacional del Trabajo de Ávila (CNT) hace un llamamiento para secundar la Huelga General feminista del próximo jueves 8 de marzo y recuerda a todas las trabajadoras y trabajadores que quieran sumarse a la convocatoria, que están respaldadas legalmente para ejercer su derecho a la huelga a lo largo de toda la jornada del 8 de marzo (24 horas).
Desde este sindicato señalan, que el pasado 22 de febrero fue registrada tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico, la convocatoria de huelga general de 24 horas para toda la jornada del día 8 de marzo, es decir, desde las 00:00 h de la madrugada hasta las 24:00 h de la noche. De esta forma se adhiere y da cobertura legal, junto con otras centrales sindicales alternativas, a la jornada de paro promovida por el Movimiento Feminista.
Con el fin de aclarar todas las dudas que la Huelga feminista pueda suscitar, desde esta Organización Sindical han editado una guía con todos los detalles sobre el derecho a huelga para el 8M, que se puede descargar desde la página nosotras.cnt.es
Así mismo, la CNT de Ávila, anima a la ciudadanía a participar en los diferentes actos convocados, tanto en Ávila, como en los diferentes pueblos de la provincia con motivo de la Huelga Feminista. Desde este sindicato, nos informan que a partir de las 12:30 horas instalarán una Mesa Informativa en el arco del Alcázar del Grande, a fin de llevar a pie de calle las principales reivindicaciones del movimiento feminista. A primera hora de la tarde, en el local del sindicato, en la calle Virgen de Covadonga, tienen organizado un Video-fórum Anarcofeminista con la proyección de la película argentina “Ni dios, ni patrón, ni marido” y a las 18 horas hacen un llamamiento para apoyar la Concentración convocada por la Asamblea Feminista de la Casa de Abril en la Plaza de José Tomé.
Como colofón de los actos organizados desde la CNT abulense en conmemoración del día de la Mujer Trabajadora, el sábado 10 de marzo en el local del sindicato, a las 18 horas tendrá lugar una conferencia bajo el título “Mujer y trabajo” impartida por Ana Sigüenza, ex-Secretaria General de la Confederación Nacional del Trabajo entre los años 2000 y 2003 y primera mujer en representar a una organización sindical de ámbito estatal